Un informe de la Universidad Austral advierte que el país quedó atrapado en un marco legal de 1973, desincentivando la innovación y alejando inversiones nacionales y extranjeras. Modernizar la normativa es clave para que el agro vuelva a producir tecnología
Argentina es potencia agrícola, pero su marco legal en materia de semillas se ha quedado en el tiempo. Con una ley que data de 1973 y la adhesión a un acuerdo internacional antiguo (UPOV-78), el país perdió atractivo para la innovación tanto local como extranjera. Así lo señala el libro ‘Innovación en el agro argentino’ de Andrés Gallo, docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral, y así lo refuerza el propio especialista en un reciente análisis donde alerta sobre el estancamiento del sistema de propiedad intelectual aplicado a semillas.
Un retroceso que se siente en los datos
Entre 1999 y 2021, la participación de empresas extranjeras en solicitudes de nuevas variedades vegetales en Argentina cayó del 59% al 25,4%, un desplome superior al 56%. En el mismo periodo, Brasil pasó del 9,9% al 41,2%, mientras que Estados Unidos se mantuvo estable cerca del 53%.
La conclusión es clara: mientras los competidores fortalecen su seguridad jurídica y sus marcos de protección, Argentina pierde dinamismo. “Argentina tenía un liderazgo en innovación, pero lo fue perdiendo. Las empresas temen invertir porque no hay derechos de propiedad bien establecidos”, advierte Gallo.
Una ley antigua para un mundo que cambió
El origen del problema está en un sistema legal pensado para otra época. La Ley de Semillas de 1973 fue concebida bajo un paradigma en el que el Estado era la principal fuente de innovación. Pero ese mundo ya no existe. Desde los años 70, los países desarrollados reforzaron sus derechos de propiedad intelectual para permitir la inversión privada en genética y biotecnología.
Gallo lo resume de manera contundente, «la Argentina todavía tiene una ley de semillas de 1973, pensada en un mundo distinto, donde la principal fuente de innovación era el Estado. Y eso cambió muchísimo.”
En el plano internacional, la mayoría de los países avanzaron hacia UPOV-91, la versión más moderna del acuerdo global que regula la protección de variedades vegetales. Argentina sigue adherida a UPOV-78.
“La Argentina todavía está en el acuerdo de 1978, que no brinda la protección adecuada, sobre todo para la inversión privada y la inversión extranjera”, explica Gallo. Y agrega que esta falta de actualización “hizo que no haya habido mucho movimiento en el sector privado; es muy difícil poder hacerlo”.
Derechos que existen en el papel, pero no en la práctica
El estancamiento legal se combina con un segundo problema: la falta de control efectivo. Hoy los derechos de propiedad intelectual suelen ser reconocidos formalmente, pero no garantizados.
“Estos derechos de propiedad muchas veces existen en papel, pero no se aplican. El innovador no recibe una recompensa por su innovación, y eso hace que haya menor inversión en este tipo de semillas”, señala Gallo.
El resultado es un círculo vicioso: sin protección no hay inversión; sin inversión no hay innovación; sin innovación, la productividad cae y el país retrocede frente a sus competidores.
Por qué la modernización es urgente
Actualizar la ley de semillas no es un detalle técnico o un debate sectorial. Es un paso estratégico para el futuro del agro argentino. Una ley moderna permitiría recuperar el flujo de inversiones en genética y biotecnología; impulsar la innovación local; atraer desarrollos extranjeros; sostener e incrementar la productividad agrícola sin expandir la frontera; y generar empleo calificado y valor agregado tecnológico.
“La Argentina tiene el capital humano, la oportunidad y la productividad para hacer crecer este sector y ser uno de los líderes a nivel regional y mundial”, afirma el especialista. Y destaca que la innovación en semillas es clave para producir más sin comprometer otras actividades ni generar conflictos por el uso del suelo.
El rol del Estado y el desafío cultural
Una modernización del sistema también implica redefinir cuál debe ser el rol del Estado y del INTA en un esquema donde la inversión privada tendrá mayor participación. Además, exige un cambio cultural profundo: aceptar que la innovación tiene valor y que debe ser remunerada.
“La modernización del sistema de innovación no es gratis, y eso requiere que el agricultor se acostumbre a pagar por esa innovación”, explica Gallo. Es un debate sensible, pero necesario si el país pretende jugar en las grandes ligas del desarrollo tecnológico.
Producir tecnología, no solo granos
El agro argentino carga con la etiqueta de ser meramente productor de commodities. Pero la actualización normativa abre una ventana distinta: la oportunidad de producir tecnología de clase mundial desde el interior del país.
“Esta es una oportunidad para producir tecnología para la Argentina y para el mundo, y tecnología que verdaderamente potencie la capacidad productiva que tiene el campo argentino”, sostiene Gallo.
La evidencia es contundente: sin una ley de semillas moderna, Argentina seguirá perdiendo competitividad y quedará atada a un modelo que ya no existe en el mundo. Con ella, podrá recuperar protagonismo y sostener su liderazgo agrícola.
